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Madigan demanda a dos Mujeres por proporcionar Servicios de Inmigración Fraudulentos

Chicago, Illinois (NED).– La Procuradora General Lisa Madigan entabló demandas separadas contra dos mujeres, alegando que proporcionaron asesoramiento sobre inmigración ilegalmente y estafaron por lo menos a cinco residentes de Illinois de casi $35,000 luego de convencer a la gente de reunirse con ellas en estacionamientos o restaurantes.

                Madigan entabló una demanda en el Condado de Cook contra Elizabeth Olvera y una segunda demanda en el Condado de Winnebago contra Armendina “Dina” Romero, alegando en ambos casos que las mujeres operaban estafas de asistencia de inmigración, costándoles miles de dólares a inmigrantes por servicios fraudulentos y no autorizados. Madigan alega que Olvera y Romero no son abogadas autorizadas ni empleadas por abogados de inmigración. Además, ninguna de las dos mujeres trabaja para una agencia autorizada para proporcionar servicios de asistencia de inmigración ni se han registrado con la Oficina de la Procuradora General, como lo exige la ley estatal.

                “Las acusadas explotaron el miedo y la confusión que experimentan muchos inmigrantes para tomar su dinero,” dijo Madigan. “Les urjo a las personas a que, independientemente de su estado legal, se comuniquen con mi oficina para obtener información sobre ayuda legal de inmigración legitima o si han sido víctimas de fraude. Mi oficina no pregunta sobre el estado migratorio.”

                La demanda de Madigan contra Olvera alega que ella les dijo a los consumidores que podía asesorarlos en asuntos de inmigración, preparar y presentar solicitudes de estatus migratorio y obtener registros del gobierno. Olvera representó falsamente a los consumidores que tenía contactos dentro del gobierno federal que podrían agilizar el proceso de solicitud. La demanda alega que Olvera cobró más de $31,000 a por lo menos tres consumidores. Estas cantidades excedieron el límite legal establecido por las reglas estatales.

                Cuando la gente se dio cuenta de que los servicios de Olvera eran una estafa, aceptó proporcionar reembolsos completos, pero solo ha reembolsado $180 de los más de $31,000 que recaudó. Además, Madigan alega que Olvera violó la ley estatal en nunca proporcionar contratos por escrito y no informar a los consumidores sobre su derecho a cancelar su contrato dentro de 72 horas o su derecho a que le devolvieran sus documentos.

                En su demanda contra Romero, Madigan alega que la acusada asesoró a personas sobre asuntos de inmigración, preparó y envió solicitudes de estatus migratorio. La demanda alega que cobró un total de $3,000 a por los menos dos consumidores. Esta cantidad es más que el límite establecido por las reglas estatales. Madigan también alega que Romero le dijo a al menos una persona que trabajaba para una iglesia en la preparación de solicitudes de Acción Diferida para Llegadas en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), dando la impresión de que sus servicios eran gratuitos. Además, Madigan alega que Romero violó la ley al nunca proporcionar contratos escritos para explicar sus servicios o costos y no informar a los consumidores sobre su derecho a cancelar su contrato dentro de 72 horas o su derecho a que le devolvieran sus documentos.

                A raíz de las órdenes ejecutivas federales sobre inmigración, Madigan ha llevado a cabo numerosas acciones para garantizar que los inmigrantes conozcan sus derechos y protegerlos contra el fraude. Recientemente emitió una alerta para advertir a los inmigrantes de posibles fraudes, incluidos los estafadores y los proveedores de servicios de inmigración sin escrúpulos que ilegalmente se hacen pasar por abogados y exigen tarifas excesivas para recibir asistencia. Madigan también advirtió a los inmigrantes que sean cautelosos con las llamadas de personas que afirman falsamente que son funcionarios gubernamentales o policiales y luego exigen pagos y amenazan con deportarlos. Es importante saber que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos nunca solicitará pagos por teléfono.

                La ley de Illinois requiere que los proveedores de servicios de inmigración se registren con la Oficina de la Procuradora General a menos que sean abogados con licencia o una organización sin fines de lucro reconocida por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA por sus siglas en inglés). Además de estos requisitos reglamentarios, los proveedores de servicios de inmigración deben:

• Proporcionar a los consumidores un contrato por escrito en inglés y en su lengua materna;

• Proporcionar a los consumidores un derecho a cancelar el contrato dentro de tres días; y

   • Devolver todos los documentos al consumidor al pedirlos.

                Si a los inmigrantes les preocupa viajar a su país de origen, deben buscar asistencia legal legítima y de buena reputación, incluyendo comunicándose con su oficina consular local.

                Para obtener más información sobre las últimas órdenes ejecutivas de inmigración, sus derechos y qué hacer, visite la Coalición de Illinois para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados, el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, o la Unión Americana para las Libertades Civiles.

                Para presentar una queja contra un proveedor de servicios de inmigración, visite el sitio web de la Procuradora General Madigan, comuníquese con su línea directa en español al 1-866-310-8398. Para obtener más información sobre el fraude por los proveedores de servicios de inmigración, visite el sitio web de Madigan.

                Los Subprocuradores Cecilia Abundis y Oscar Piña están manejando estos casos para el Departamento de Fraude al Consumidor de la Procuradora General Madigan.

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